Los pagos retrasados a los proveedores ponen en jaque a las pequeñas compañías. Un 52% de las empresas en economías emergentes no logran sobrevivir por la falta de liquidez, de acuerdo con datos del Global Entrepeneurship Monitor (GEM). Sin embargo, esta historia podría cambiar dentro de poco por una iniciativa de ley que quiere poner en orden los pagos a estas empresas.
Cuando las grandes empresas retrasan los pagos a los proveedores, que a veces puede ser un lapso de 60 a 120 días o más, están obstaculizando el crecimiento económico de la empresa que le ofrece el servicio.
El tiempo para pagar comienza a partir de la recepción de facturas, y es en los procesos previos (como alta de proveedores) donde se atrasan más los pagos. Cuando esto sucede, las MIPYMES no tienen más opción que recurrir a los préstamos, que en muchas ocasiones terminan siendo muy difíciles de cubrir, incluso cuando el proveedor ya recibió el pago.
Toda la situación termina por mermar la viabilidad financiera, ocasionando un desperdicio de recursos productivos en la economía, lo que se ve reflejado en una economía ineficiente.
Gran parte del problema se debe a que no existe una ley que obligue a las empresas a pagar en un plazo límite. Incluso cuando existe un capítulo en el código de comercio dedicado al préstamo mercantil, este se limita establecer el pago del interés acordado o del 6% anual de intereses por parte de los deudores, desde el día siguiente al del vencimiento pactado.
Otro problema son las sanciones económicas hacia los proveedores por no expedir una factura de pago en un plazo límite, que a más tardar es el décimo día natural del mes siguiente al que se hizo el pago. Sin embargo, no hay obligación por parte de las empresas para en un plazo que no afecte la producción y finanzas de los proveedores.
La Ley de Pago a 30 días contribuye a una serie de objetivos para el desarrollo sostenible y los resultados que propone esta ley son:
- Incrementar los niveles de productividad económica mediante una tecnología innovadora y la diversificación centrada en los sectores de valor añadido y uso intensivo de la mano de obra.
- Promover políticas que propicien el desarrollo de las actividades productivas
- Creación de empleos de calidad
- Alentar a las Mipymes mediante el acceso a servicios financieros
- Aumentar el acceso a de las pequeñas industrias y empresas de los países en desarrollo
- Garantizar la igualdad de oportunidades para todas las empresas
Cuáles serían los beneficios de legalizar el plazo para los pagos?
- Mayor capacidad de consumo
- Mayor inversión
- Incremento de la participación bancaria en financiamiento capital del trabajo
- Incremento en el dinero para las actividades productivas
- Promueve la viabilidad y salud financiera de las Mipymes
- La regulación del tiempo en que se realizan los pagos de cliente a proveedor, también resulta benéfico para las grandes empresas porque pueden obtener menor precio por parte de los proveedores.
Los siguientes pasos
La Ley de Pago en 30 días está en construcción y podría pasar lo que resta del año antes de llegar al Senado, estiman los organizadores.
Su elaboración requerirá revisar los Artículos 5°, 25 y 28 de la Constitución, así como otras seis leyes generales, entre ellas el Código Civil de la Federación, el Código de Comercio, la Ley para el Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, así como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
La ASEM continuará reuniéndose con empresarios para recoger sus observaciones y enriquecer la propuesta. También convocó a mipymes y emprendedores para que firman la iniciativa a través de la plataforma Change.org y la difundan en redes sociales.
Los legisladores coincidieron en que se trata de una ley compleja pero razonable. “Estamos en el momento propicio para que esto cambie para bien, para quitar las barreras de entrada y los privilegios, para ello se tiene que armar una ley que no pueda ser rebatida”, comentó el legislador panista, Gustavo Madero.
Fuente: Revista Alto Nivel & Revista Expansión
